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PP, Cs y Vox, ¿en qué se diferencian sus programas económicos?

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El próximo domingo diez de noviembre, los electores son llamados a las urnas para manifestar sus preferencias políticas. Si anteriormente analizamos las propuestas económicas de los partidos nacionales que se sitúan en el eje izquierda, hoy toca analizar el eje ideológico de la derecha.

La economía adquiere una mayor importancia en el contexto actual de desaceleración. Los datos avanzados del INE, nos muestran que, en términos interanuales, el crecimiento del PIB es del 2%, tasa similar a la del segundo trimestre de 2019, niveles relativamente bajos que no se veían desde 2014.

También lo vemos en los datos vinculados al empleo. La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre refleja una creación de 69.400 empleos, el peor dato desde 2013, y el paro solo se reduce en 16.200 personas.

Con estos «nubarrones» económicos que estamos viendo, analizamos qué propuestas económicas ofrecen Partido Popular, Ciudadanos y Vox ¿Existen notables diferencias?

Bajada de impuestos

Una de las banderas del eje ideológico de derechas es la bajada de impuestos. En mayor o menor medida, Partido Popular, Ciudadanos y Vox proponen una menor fiscalidad al contribuyente. Así que vamos a ver qué propuestas recaen sobre los principales impuestos.

El Partido Popular propone bajar impuestos en su programa. Pero la pregunta que muchos electores se hacen es si es real o como en 2012, que en medio de las dificultades económicas, se dudó entre subir el IRPF y el IVA, terminando subiendo ambos.

Sea como fuere, para la próxima legislatura inciden en la aprobación de una rebaja fiscal del IRPF que afectará todos los contribuyentes y el tipo máximo se situará por debajo del 40%, cico puntos porcentuales menos que el actual IRPF. También crear un Blindaje Fiscal del ahorro para la jubilación que extienda los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro.

Sobre el Impuesto de Sociedades, buscan que el tipo máximo caiga 5 puntos hasta el 20% y ampliar los convenios internacionales para evitar la doble imposición internacional.

Desde Ciudadanos, tambien afirman que quieren seguir bajando el IRPF en la siguiente legislatura, y, también, no hablan de ningún tramo salvo el máximo que lo situarían en el 44%, un punto porcentual por debajo del marginal superior.

Pero el punto más llamativo en Ciudadanos es el que hace referencia al tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades. Dicen lo siguiente:

«Bajaremos al 15% el Impuesto de Sociedades a las pymes que reinviertan sus beneficios para estimular su crecimiento y que puedan hacer frente a la próxima desaceleración. Haremos el Impuesto de Sociedades más justo y eficiente para que las pymes no paguen tipos efectivos superiores al de las grandes empresas y aproximar la recaudación a la media de la zona euro».

En este punto aparece la clásica trampa del tipo efectivo, que compara resultados antes de impuestos globales frente a la cuantía del Impuesto de Sociedades pagado en España. De ahí, que las grandes empresas internacionalizadas paguen un 7%, ya que no se tiene en cuenta los impuestos de sociedades que se paga allí donde ejercen la actividad sus filiales.

Si dice «que las pymes no paguen tipos efectivos superiores al de las grandes empresas» encubiertamente se está presentando una subida en el tipo efectivo de sociedades para las grandes empresas.

El esquema más revolucionario en cuestiones fiscales lo presenta Vox. Para el IRPF, la apuesta es la reducción de los tramos del IRPF a dos: hasta 60.000 euros con un tipo aplicable del 22% y a partir de esa base imponible, el 30%, lo que implica un descenso de 15 puntos porcentuales partiendo de los actuales niveles.

Para el Impuesto sobre Sociedades, el objetivo sería un tipo general del 22% -niveles por encima que la oferta del Partido Popular- y añaden que dependiendo de la capacidad presupuestaria de los futuros ejercicios se buscará un tipo general del 12,5%.

¿Y el IVA? Parece que el tipo general del 21% sobre el impuesto al consumo ha venido para quedarse. En el Partido Popular no se ofrece nada. Desde Ciudadanos se propone que los autónomos y pymes no tendrán que adelantar nunca más el IVA por facturas que no hayan cobrado. Y Vox señala que su objetivo sería algún tipo de reclasificación como en determinados productos farmacéuticos y hasta la eliminación para la adquisición de la primera vivienda.

¿Y el gasto público?

Toda bajada de impuestos debe cubrirse con un recorte de la misma proporción si el objetivo es un escenario de estabilidad presupuestaria que no impida, en el largo plazo, refinanciar los vencimientos de deuda en un Estado cuyo volumen pesa el 100% de la economía.

Probablemente este sea el talón de Aquiles del eje ideológico de derechas ya que los recortes son tremendamente impopulares de expresar abiertamente.

El último Gobierno Partido Popular mantuvo una gestión nefasta de la estabilidad presupuestaria, logrando ser el país con mayor déficit de la UE. En contra del modelo alemán, en España no se cuadraron las cuentas a la vez que se popularizaba el término «austericidio».

El Partido Popular persigue «afianzar la viabilidad el Estado del Bienestar». Este concepto puede tener diferentes interpretaciones. Por ejemplo, una preservación puede ser ajustar el presupuesto vía IPC, como peso específico sobre el global de la economía -actualmente el gasto público pesa el 41,3% sobre el PIB- o simplemente que los cambios nominales sean diferentes al avance de los ingresos.

Quizá Ciudananos sea el partido dentro de ese eje más favorable al gasto público y por ello, el menos ambicioso en bajadas de impuestos.

Entre otras medidas, proponen diferentes medidas vinculadas al gasto como que familias con 3 o más hijos y las monoparentales con 2 o más hijos tendrán los beneficios de las familias numerosas de categoría especial y recibirán 2.400 euros al año. También una plaza de Educación Infantil de 0 a 3 años gratis para todos los niños de España.

Desde Vox dicen «no se trata de gastar más sino gastar mejor». Su oferta parte de una reducción del gasto público 24.236 millones de euros. Dos terceras partes sería por reducir la capa estatal del Estado y el resto se derivarían de las instancias autonómicas y municipales. De llevarse a cabo esta medida nos iríamos a un peso del Estado equivalente al 36% sobre el PIB, niveles por debajo del sector público estadounidense o inglés.

Modelo centralizado vs descentralizado

Uno de los grandes debates que se extienden más allá del eje ideológico es el eje centralización o descentralización ¿Qué administración debe hacerse cargo de una competencia determinada la central o la autonómica?

Desde los partidos del eje izquierda se reivindica el «federalismo» y a su vez que determinados impuestos como el de sucesiones y donaciones se centralice, para evitar la competencia fiscal entre las autonomías que conforman el Estado.

Lo mismo le sucede a los partidos del eje ideológico derecha nacional, en el que hay una disputa sobre si el papel de las autonomías es positivo y hay que preservarlo o más bien negativo y hay que derrocarlo.

Por un lado, tendríamos a Partido Popular y Ciudadanos que, a pesar de que el conflicto en Cataluña les lleve a discursos de centralización -aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o el artículo 155 de la Constitución-, son partidos abiertos a la descentralización característica de España. Es decir, que la administración intermedia tenga un peso significativo en la gestión de los ingresos públicos y el gasto público sobre el total.

En el lado opuesto tenemos a Vox. Su apuesta es la eliminación del estado de las autonomías basado en dos argumentos: el ahorro en costes, que los impuestos bajos una vez centralizados beneficiarían al conjunto se los ciudadanos.

Recientemente, hemos visto como desde Bruselas se ha alertado del carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España que pone trabas a las empresas aprovechar las economías de escala. Esto se traduce en que en determinadas actividades para operar en otra autonomía es necesaria otra licencia.

Tanto Partido Popular, Ciudadanos y Vox, en mayor o menor intensidad, defienden el concepto Unidad de Mercado. Se trata que desde la administración central se abra una legislación que establezca normas armonizadoras en todo el territorio. Esta armonización supone la centralización de determinadas competencias reguladoras, aunque sea para en última instancia una eliminación.

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